Oiga!
Toluca, México, 29 de agosto de 2022.- Antonio Hernández Neri, padre de una menor de edad, denunció que le es imposible ver a su hija a causa de un proceso irregular, en el que jueces federales y estatales han violentado los derechos de ésta, por lo que exigió al Poder Judicial atender el caso para que se haga justicia.
De acuerdo con el relato de Hernández Neri, la situación comenzó en junio de 2019, cuando inició un procedimiento de guarda y custodia de su hija, motivado por su separación de Elsa Aidé Sánchez Pulido, madre de la menor, quien se llevó a la niña al estado de Puebla.
Desde entonces, acusó, los derechos de la menor de edad no se han garantizado, porque se han presentado un sin número de violaciones por parte del custodio provisional, en complicidad con la autoridad jurisdiccional.
Agregó que desde el inicio del procedimiento se decretó una medida provisional de pensión de alimentos y convivencia, misma que debía ser cada 15 días, desde el viernes a las nueve de la mañana y hasta el domingo a las dos de la tarde; sin embargo, dicha convivencia jamás se llevó a cabo porque la madre de la menor le impidió verla y le negó reunirse con su hija, de lo que tiene pruebas por parte de los notificadores que lo acompañaban al domicilio.
En la audiencia inicial, dijo, la señora Elsa Aidé y su abogado argumentaron violencia familiar y aseguraron que él era una persona violenta, por lo que el juez determinó convivencia supervisada en el Centro de Convivencia, lugar al que no presentaban a la menor o la llevaban tarde, aunado a que en la pandemia en la modalidad de llamadas y video llamadas virtuales, no ingresaba ni contestaba. Hernández Neri indicó que de todas las acciones por impedir la convivencia la juez interpuso apercibimientos y multas de 10, 20, 30, 50 y 100 unidades de medida, por lo que la señora Elsa Aidé tiene más de 14 multas pendientes a raíz de desacatos a órdenes judiciales, razón por la que ordenó un arresto por 24 horas por su conducta violenta hacia los derechos de su hija. Resaltó que a la menor le han practicado una prueba pericial psicológica para descartar que el cambio afecte su desarrollo y entorno, dando como resultado que no tiene problema en permanecer con algunos de los progenitores, porque a ambos los identifica como personas que le generan seguridad y amor, por lo que la juez determina guarda y custodia compartida. El denunciante relató que la madre cuenta con una carpeta de investigación por violencia familiar y desacato a órdenes judiciales, en el AMPEVIS de Naucalpan, carpeta que inició el propio Ministerio Público adscrito al Juzgado 11 Familiar, ya que se percata de los abusos en contra de los derechos de la menor. Mencionó que derivado de que en el mes de febrero dictaron la sentencia definitiva que ratifica la guarda y custodia compartida, por lo que al día siguiente la madre lo amenaza con meterlo a la cárcel por abuso sexual en contra de la menor, lo cual es una mentira y por la que no ha podido ver a su hija debido a la carpeta de investigación instaurada en su contra.Aunado a ello, dijo, el pasado 25 de mayo, cuando regresaba a su domicilio a bordo de una motoneta, el abogado de la señora Elsa Aidé, Miguel Ángel Núñez Valencia, le aventó su auto, además de que junto con familiares de la madre de la menor lo han amenazado con que le van a pasar cosas más graves si insiste en ver a su menor hija. “La juez ayuda y cubre estas acciones de la parte demandada, cierra los ojos frente a todos estos abusos, es un claro amaño de procedimiento, la juez en lugar de tomar medidas para garantizar los derechos de mi hija, opta por reponer convivencias y permitir a la madre seguir realizando estas violaciones y abusos en contra de mi hija”, denunció. Finalmente, mencionó que todos estos actos los tiene debidamente acreditados en el expediente 340/2019 y su acumulado 572/2020, en el Juzgado Décimo Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan.
