El viernes pasado la sesión del Cabildo de Toluca nuevamente hizo crisis. Ahora por la denuncia de la presunta detención de tres elementos de seguridad pública municipal de la capital mexiquense acusados de secuestro y extorsión. Por supuesto que el presidente municipal, Raymundo Martínez Carbajal, hizo caso omiso y prefirió seguir hablando de cosas sin importancia que ahondar en una circunstancia que a todas luces debería poner a trabajar a quien se supone gobierna la capital mexiquense.
No es la primera vez que se acusa a los policías municipales de estar dedicados de lleno a extorsionar a los ciudadanos, de detener cualquier vehículo para buscar por cualquier parte un argumento medio válido para negociar el no llevarse la unidad al “corralón” a cambio de una buena cantidad de dinero. Pero de ahí a secuestrar ciudadanos hasta que entreguen dinero a cambio de liberarlos, eso ya es demasiado.
Y es que ahora la “moda” entre los policías municipales de Toluca, sobre todo los que andan en patrullas que dicen “Tránsito”, pertenezcan o no a ese grupo, pues se supone que solamente deberían ser mujeres las responsables de infraccionar por faltas al Reglamento de Tránsito, pero no, pues ahora a bordo de las supuestas patrullas de Tránsito andan por lo menos una mujer y un hombre. ¿Dónde la legalidad?
Pero más allá del sexo de quienes cometen estas tropelías, destaca que la “moda” es detener para infraccionar a cualquiera que tenga una supuesta falta al Reglamento de Tránsito, entre las más concurridas el traer placas de circulación anteriores al año 2018, o una luz que no funcione, o falta de verificación vehicular. Al detenido, una vez negociada la “mordida”, lo llevan prácticamente secuestrado al cajero bancario más cercano hasta que acepte sacar dinero para entregarlo a cambio de su propia libertad y de que el auto no se lo lleven al “corralón”.
Pues no sé en otro lado, pero en mi país, al menos antes de que Raymundo Martínez Carbajal fuera presidente municipal de Toluca, esa conducta y proceder puede ser tipificado como secuestro exprés, porque el hecho de que porten un uniforme y una placa de la corporación policíaca de Toluca no les exime de estar secuestrando a un ciudadano, pues privarlo de la libertad, así sea momentáneamente, y hasta que entregue dinero a cambio de su libertad y la de su vehículo, eso es un secuestro exprés, exprés, pero secuestro.
Y no serán solamente los tres policías recientemente denunciados por ese tipo de conductas, sino en realidad así actúan todos los elementos de Tránsito de Toluca. Tal parece que fueron perfectamente “capacitados” para secuestrar y extorsionar a los ciudadanos que tienen la desgracia de caer en sus garras, perdón, en sus manos. No se vayan a ofender.
Sin embargo, como ya lo cité antes, para el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, hay muchas cosas más “importantes” que evitar el secuestro y la extorsión a los ciudadanos a los que protestó cuidar, proteger y gobernar.
Y si usted se pregunta ¿qué opina al respecto la directora general de Seguridad Pública de Toluca? Pues primero deje que aparezca por algún lugar, que logremos saber de su paradero, y después trataremos de preguntarle al respecto, a ver si tiene algo que decir, o es ella misma la que les ordena estas prácticas.
Casi un mes sin gabinete completo
Algo raro sucede en la administración estatal, pues, a casi un mes de iniciadas sus actividades, primero, no han sido capaces de integrar un gabinete completo. El hecho de haber designado a los secretarios de Estado no quiere decir que lo mismo haya ocurrido en las posiciones que van desde subsecretarías hasta jefaturas de departamento.
A los secretarios los designaron, pero parece que no tienen permiso de designar ellos mismos a sus colaboradores. Dicen por ahí que toda designación debe pasar por la aprobación del Jefe de Gabinete, Higinio Martínez Miranda, y del Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, entonces habrá que esperar a ver cuándo se dan un tiempecito para revisar y eventualmente aprobar algo así como mil cargos de media y alta responsabilidad que todavía faltan por definir.
Pareciera una cosa simple, pero no lo es. En la administración pública estatal se vive indefinición y eso no contribuye para nada a la buena marcha de una administración que está comprometida con los mexiquenses a ser diferente, a poner ejemplo, y a cambiar las cosas que durante muchos años criticaron. Pero para eso faltan manos, y, por lo que se ve, también hacen falta capacidades.
Para rematar…
La Legislatura local entrará en una de sus etapas más complicadas y desgastantes. Me refiero al estudio y análisis de la propuesta del Presupuesto de Ingresos y Egresos del próximo año. Asunto nada fácil, sobre todo si se toma en cuenta que será el presupuesto con el que realmente se ponga en acción la administración estatal que comenzó el pasado 15 de septiembre.
Por la mayoría que conserva en la LXI Legislatura local el Movimiento de Regeneración Nacional, sumada a sus aliados del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de México, incluyendo a los llamados diputados sin partido, parece que no tendrán problema alguno en aprobar el presupuesto que cubra las prioridades de la gobernadora Delfina Gómez, pero deben tener cuidado que la cobija alcance para todos, y que no se descuiden aspectos elementales en los que es evidente que hay carencias, comenzando por salud y educación.
La gobernadora ha dicho incluso antes de comenzar su gestión que los programas sociales serán prioridad para aliviar las circunstancias de pobreza que se sufren en grandes estratos de la sociedad, pero éstos no deben sacrificar la operatividad en la obra pública y en la prestación de servicios. Equilibrio, es la palabra clave.
