¡Oiga!
TOLUCA, México, 25 de Noviembre de 2024.- Luego de perder tres amparos, representantes de los bienes comunales de Acatzingo, municipio de Tenancingo, Estado de México, insistieron este lunes en que las autoridades estatales y municipales deben frenar los trabajos que realiza una inmobiliaria, luego de haber cumplido con todos los permisos y requisitos que la ley impone.
Representados por los abogados Misael Toledo y Arturo López López, quienes en ningún momento fueron capaces de presentar algún argumento legal fundado, acusaron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y al secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, “de estar en contubernio con la inmobiliaria Terra Map Grupo Inmobiliario S.A de C.V”.
Cabe señalar que el perito oficial en Agrimensura y Topografía notificó oficialmente que los bienes comunales de Acatzingo no respetaron su propio Decreto, ya que en su plano del año 2005 nunca marcaron las 134 propiedades que el mismo Decreto decía claramente que estaban excluidas y no formaban parte de los bienes comunales, que es precisamente la fracción sobre la que ellos alegan “tener derechos de usos y costumbres”.
En una conferencia de prensa anterior a la realizada este lunes, los representantes de Acatzingo se comprometieron públicamente a respetar lo que se resolviera en los amparos, pero en esta ocasión, a pesar de que perdieron ya tres amparos, ellos insisten en que se les dé la razón.
Los integrantes de los bienes comunales recurrieron ahora a otras instancias, la mayoría de carácter municipal, y sobre esos dictámenes basan sus nuevos alegatos en contra de un asunto que para la justicia federal ya está cerrado desde hace años.
De acuerdo con las autoridades federales, la inmobiliaria Terra Map Grupo Inmobiliario S.A de C.V. cumplió con todos los trámiles legales, por lo que fueron retirados todos los sellos de suspensión de obras que instancias municipales colocaron, por lo que son improcedentes los alegatos del grupo encabezado por los abogados Misael Toledo y Arturo López López, quienes presumiblemente pretenden alargar el conflicto para seguir cobrando por la representación legal.
